Tecnología

Reino Unido quiere castigar a las empresas que miren hacia otro lado con la piratería

La piratería también invade las ‘app stores’

Theresa May quiere impulsar una reforma que imponga duras sanciones a redes sociales, proveedores de contenidos y empresas digitales por la piratería que sus usuarios hagan en el seno o en relación a sus plataformas.

La piratería es uno de esos temas tabús que generan rechazos y discusiones sin igual en cuanto un regulador trata de poner orden en el asunto. Curiosamente, y como se ha demostrado en los intentos de España por imponer un canon digital para compensar las pérdidas de los creadores por las copias privadas, casi nunca estos esfuerzos dejan a nadie realmente contento.

Y, al margen de que la solución a la distribución ilegal de contenidos parece haber encontrado en plataformas como Netflix o Spotify a su mejor aliado, algunos gobiernos siguen queriendo perseguir las todavía existentes webs de películas, música, juegos o libros pirata. Es el caso de las autoridades británicas, o al menos del partido que ostenta actualmente el poder en las islas.

Y es que, a tenor del documento electoral mostrado por el Partido Conservador, Theresa May planea castigar a todas las empresas digitales, redes sociales y proveedores de contenidos que no logren acabar con la piratería en sus respectivas áreas de actividad. “Vamos a introducir un régimen de sanciones para garantizar el cumplimiento, dando a los reguladores la posibilidad de multar o procesar a aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones legales, y ordenar la retirada de contenidos donde se viole claramente la legislación del Reino Unido”, indica literalmente el texto.

A la espera de su hipotético desarrollo legislativo, esta norma plantea varias y preocupantes dudas, que se sintetizan en un fallo fundamental de partida: ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales de que la gente comparta contenidos piratas en su seno? Actualmente, este tipo de empresas ya están obligadas por ley a retirar cualquier enlace o documento sujeto a derechos de autor que sea denunciado, así como a contar con sistemas tecnológicos que permitan su detección de forma automática. Sin embargo, parece algo extremo castigar económicamente a estas empresas por no ser capaces de abarcar el infinito número de publicaciones que se realizan a diario, en tiempo real, antes de que se produzca ningún daño contra la propiedad intelectual de ningún artista.

Lo mismo ocurre en el caso de las empresas de base digital y los proveedores de contenidos, víctimas estas últimas de forma directa de la piratería y que, de acuerdo a los principios adelantados por Reuters, podrían verse doblemente perjudicadas: primero por la piratería en sí misma y, luego, porque la víctima no haya perseguido convenientemente al delincuente.

Sobre el autor de este artículo

Alberto Iglesias Fraga

Periodista especializado en tecnología e innovación que ha dejado su impronta en medios como TICbeat, El Mundo, ComputerWorld, CIO España, Kelisto, Todrone, Movilonia, iPhonizate o el blog Think Big de Telefónica, entre otros. También ha sido consultor de comunicación en Indie PR. Ganador del XVI Premio Accenture de Periodismo y Finalista en los European Digital Mindset Awards 2016.

  • nova6k0

    Es lo que ocurre cuando se vé la cultura como un mero negocio. Y viendo las estupideces que ponen los políticos, respecto a la palabra cultura y lo que entienden por esta, tampoco me extraña mucho…

    Además es típico intentar poner puertas al campo o regular algo de lo que no tienen ni pajolera idea. Especialmente porque desconocen como se crea, gestiona o mantiene una web y como no se puede estar las 24h del día pendiente de lo que hagan sus usuarios.

    Salu2